Aunque uno lo intuya, a veces necesita de la información de alguien que conozca del tema para confirmarlo.
Cuando el Dr. Carlos Rotundo asumió al frente del sistema penitenciario de la provincia en un diálogo que tuvimos me lo pudo precisar: las cárceles están llenas de pobres. Ergo, el dinero permite zafar de cualquier causa por más grave que sea.
No está mal recordarlo en estos tiempos de histéricos pedidos de aumento de penas, principalmente a menores, que afectarán aún más a los mismos de siempre mientras que otros seguirán zafando como de costumbre.
La cosa se agrava si tenemos en cuenta que los delitos por los que caen presos los pobres son tonterías comparados con los otros.
En todo esto pensé cuando leí, 48 horas atrás, las informaciones en torno a la situación de la ex funcionaria de medio ambiente Romina Picolotti. Aparentemente la mina tiene que explicarle a la justicia el paradero de ¡22 millones de pesos! Al senador electo Luis Juez, que se presenta como una de las nuevas caras de la política, le ocurre lo mismo, pero a él se le “desaparecieron” nada más que 650 mil pesos.
Para ser sincero debo decir que los funcionarios hicieron una rendición del dinero. Juez, por ejemplo, la hizo parcialmente. Recibió esa suma para sanear la laguna El Crisol y el Parque Sarmiento de la Docta y rindió solo 90 mil pesos con facturas por 80 remeras, 20 buzos, 4.500 paquetes de regalos, carteles, folletos, 5.500 escarapelas, mil plantas aromáticas, una animación artística, publicidad y un servicio de audio, cosas que, como todo el mundo sabe, son imprescindibles para sanear una laguna.
Lo de Picolotti es un poco más serio. El fiscal Marijuan le reprocha la contratación indiscriminada de familiares y amigos. Tiene que explicar la contratación de 250 personas en su área, muchos de ellos con aportes dobles (de la Secretaría de Ambiente y de algún otro empleador) y el uso excesivo de aviones particulares para ella y sus empleados sin justificación alguna.
Existe una suma de 20 millones de pesos para que la Fundación ArgentINTA brindara apoyo técnico administrativo al área de Picolotti. Las facturas y comprobantes secuestrados de esos gastos indican restaurants, regalos de cumpleaños y algún alquiler.
La caza furtiva, sumada a los monocultivos y la deforestación, ha puesto en peligro a numerosas especies animales de nuestro país, de ahí que la Secretaría de Medio Ambiente implementó un proyecto para la conservación de especies de iguana. Para ello se gastaron cientos de miles de pesos en sidras, nueces, turrones y vinos, tintorería, estacionamientos, lavautos y autopartes. Todos sabemos del placer que estos animalitos sienten desde su aparición en la Tierra por la sidra, las nueces, los turrones y el vino, aunque no sabía el resto.
Seguramente que el Loro Hablador ya debe haber salido del rubro “especies en peligro”. En ese proyecto se gastaron miles de pesos en viáticos imprecisos, rulemanes y remedios como el Migral. Uno podría llegar a pensar que, viendo esos gastos, el Loro Hablador está “diciendo” lo necesario como para poner a Picolotti en una “jaulita” pero esto, como veremos, no va a ser así.
En el Monitoreo de zorros aparece el pago de 4 mil pesos en autopartes y la compra de un reloj despertador.
El fiscal imputa a ambos funcionarios los delitos de malversación de fondos, violación de sus deberes de funcionarios públicos, defraudación y fraude en perjuicio de la administración pública. Pero quédese tranquilo porque esos delitos son todos excarcelables. (Si al fin y al cabo son solo 22 millones de pesos).
¿Por qué será que buenos vecinos se unen y realizan marchas en las que hasta se pide la pena de muerte para los pobres que roban, y hechos como los de estos funcionarios no logran que se junten dos ciudadanos para pedir se modifiquen las leyes para que los que no son pobres también puedan ir a la cárcel?
Recordemos que un ex presidente (riojano él) está involucrado hasta el entretejido en un contrabando de armas, hecho en el que, para borrar pruebas, ¡se hizo volar a una ciudad! (Río Tercero) matando a siete personas e hiriendo a cientos. Esto también es excarcelable en la Argentina. (para los que tienen poder)
¿La sociedad nunca se movilizará para hacer que los delitos que producen los funcionarios públicos en actividad no sean excarcelables como en muchos países serios y dejen, en cambio, de tener solo al racismo como norte?
No, la verdad que no. Nunca lo hará, Al menos en un futuro cercano. Si hay algo que logró el neoliberalismo en nuestro país fue el crear una cultura anti-Estado que hoy goza de muy buena salud. Los argentinos no sentimos que el Estado somos nosotros mismos, no sentimos que el Estado son nuestros impuestos, aportes que deben volver en servicios. Por ello es que asistimos impasibles a la corrupción que impera en la función pública. Creemos (o hacemos como) que estos funcionarios le roban al Estado y no a nosotros.
Esta triunfante prédica de lo anti-público se trasladó, incluso, a nuestra cultura. No sentimos que lo público sea nuestro, por eso una plaza o un bulevar son especiales para que muchos vecinos pongan las bolsas de basura que producen y quienes pasamos por esos lugares no agarremos esas bolsas y las volvamos a poner en cada una de las veredas de los domicilios correspondientes. Esto en cualquier país significa multa segura.
Pero me estoy yendo del tema. La corrupción pública no solo no debe ser excarcelable sino que debe ser condenada con las penas más severas. No se trata de un pobre que le roba a uno, se trata de tipos, muy educados ellos, que nos roban a todos y que, a través de las décadas, han logrado mantener suaves leyes para estos delitos. Y no es casual.
La dictadura militar fue, sin dudas, el puntapié inicial de esta calamidad. Su llegada en 1976 terminó con un período de crecimiento incesante del país iniciado en la década del 30. Se terminaron los premios Nóbel que nuestro país recibía por el conocimiento que aquí se generaba y ello dejó paso al mundo financiero.
Dos frases hechas por otros tantos tristemente célebres economistas pintan el mundo que se nos vino encima: “Es lo mismo producir acero que caramelos” de José Alfredo Martínez de Hoz y “Que vayan a lavar platos” (dirigida a Susana Torrado, profesional del Conicet) de Domingo Felipe Cavallo.
Entre los dos dejaron medio país en la pobreza y, lo que es peor, destruyeron un Estado que producía y nos introdujeron en el mundo de las finanzas. ¿Y los partidos políticos? ¿Y los dirigentes que se decían populares? Bien, gracias. El modo de neutralizarlos fue el de compartir los negocios. De ese modo aparecían nombres importantes de la política junto con generales y sindicalistas al frente de bancos y empresas privatizadas.
Se ve que la cosa funcionó bastante bien. Los políticos toleraron la dictadura sin presionarla, apareciendo cuando la crisis económica y la guerra de Malvinas apuraron el retiro de los uniformados del poder.
Pero a los políticos les quedó el gustito por los negocios y la posibilidad que éstos les brindaban para hacer diferencias que aseguraban el buen pasar por el resto de sus días. Recuérdese que, antes del Proceso, los políticos morían pobres en su inmensa mayoría.
Hoy, la política permite ganar mucho dinero. Prueba de ello son los partidos atomizados, partidos (valga la redundancia) en mil pedazos por sus dirigentes que quieren tener una partecita de algo con alguna sigla que les permita negociar alguna candidatura.
La función pública otorga también la posibilidad de participar en licitaciones casi nunca claras, no existe gobierno nacional, provincial o municipal que no tenga causas judiciales por manejos turbios (Picolotti y Juez no son la excepción sino la norma).
La pobreza es un inmenso negocio. Los planes alimentarios producen licitaciones en cantidades industriales, han originado la creación de una inmensa estructura con miles de empleados para repartir alimentos y bienes diversos. “Que no se acaben los pobres” debe ser, seguramente, lo que más desea hoy un dirigente político argentino.
Y el delito también es una fuente inacabable de oportunidades para "morder". De las licitaciones por compra de vehículos, armas uniformes y elementos viven las dirigencias políticas, policiales y judiciales.
No tengo idea de la cantidad de personas que viven del delito hoy en San Pedro y que le sacan canas verdes a los vecinos. Serán 50, 100... No creo que pasen de las 100. Roban ciclomotores, bicicletas, rompen vidrieras y asaltan con cuchillos o armas que alguien les provee. (La piratería del asfalto, el cuatrerismo, la usura, la remarcación de precios, la no entrega de facturas, la adulteración de fechas de vencimiento y los asaltos hechos por tipos de pelo cortito debemos dejarlos afuera porque, se lo aseguro, los pobres no son)
No tengo idea tampoco de lo que sumará, anualmente, lo que estas personas roban en San Pedro, pero sí tengo claro que debe ser un porcentaje mínimo comparado con lo que cuesta el mantenimiento de la estructura montada para, supuestamente, combatirlos (hasta ahora sin éxito alguno).
Sume los sueldos de decenas de policías, prefecturianos, gendarmes, inspectores municipales, empleados judiciales, el mantenimiento de la infraestructura edilicia, cantidades de patrulleros, motos, lanchas, armamento, equipos de comunicaciones y el combustible.
Los chorros sampedrinos están con una desventaja de tres o cuatro a uno en número y sin ninguna parafernalia. No poseen más que su habilidad para robar, y algún cuchillo o revólver. Sin embargo se las arreglan para seguir robando y saliendo libres en forma permanente, brindando una derrota tras otra a las fuerzas del bien.
No resultaría más económico que el municipio, Centro de Comercio o quien fuere les consiga un trabajo a las personas que delinquen. Siempre será más lo que cobren que lo que roban, por ende, (solo supongo) no querrán perder el trabajo.
Por último, ¿cuánto tiempo les llevaría a los chorros sampedrinos robar la suma que Picolotti ha hecho desaparecer?
Cuando el Dr. Carlos Rotundo asumió al frente del sistema penitenciario de la provincia en un diálogo que tuvimos me lo pudo precisar: las cárceles están llenas de pobres. Ergo, el dinero permite zafar de cualquier causa por más grave que sea.
No está mal recordarlo en estos tiempos de histéricos pedidos de aumento de penas, principalmente a menores, que afectarán aún más a los mismos de siempre mientras que otros seguirán zafando como de costumbre.
La cosa se agrava si tenemos en cuenta que los delitos por los que caen presos los pobres son tonterías comparados con los otros.
En todo esto pensé cuando leí, 48 horas atrás, las informaciones en torno a la situación de la ex funcionaria de medio ambiente Romina Picolotti. Aparentemente la mina tiene que explicarle a la justicia el paradero de ¡22 millones de pesos! Al senador electo Luis Juez, que se presenta como una de las nuevas caras de la política, le ocurre lo mismo, pero a él se le “desaparecieron” nada más que 650 mil pesos.
Para ser sincero debo decir que los funcionarios hicieron una rendición del dinero. Juez, por ejemplo, la hizo parcialmente. Recibió esa suma para sanear la laguna El Crisol y el Parque Sarmiento de la Docta y rindió solo 90 mil pesos con facturas por 80 remeras, 20 buzos, 4.500 paquetes de regalos, carteles, folletos, 5.500 escarapelas, mil plantas aromáticas, una animación artística, publicidad y un servicio de audio, cosas que, como todo el mundo sabe, son imprescindibles para sanear una laguna.
Lo de Picolotti es un poco más serio. El fiscal Marijuan le reprocha la contratación indiscriminada de familiares y amigos. Tiene que explicar la contratación de 250 personas en su área, muchos de ellos con aportes dobles (de la Secretaría de Ambiente y de algún otro empleador) y el uso excesivo de aviones particulares para ella y sus empleados sin justificación alguna.
Existe una suma de 20 millones de pesos para que la Fundación ArgentINTA brindara apoyo técnico administrativo al área de Picolotti. Las facturas y comprobantes secuestrados de esos gastos indican restaurants, regalos de cumpleaños y algún alquiler.
La caza furtiva, sumada a los monocultivos y la deforestación, ha puesto en peligro a numerosas especies animales de nuestro país, de ahí que la Secretaría de Medio Ambiente implementó un proyecto para la conservación de especies de iguana. Para ello se gastaron cientos de miles de pesos en sidras, nueces, turrones y vinos, tintorería, estacionamientos, lavautos y autopartes. Todos sabemos del placer que estos animalitos sienten desde su aparición en la Tierra por la sidra, las nueces, los turrones y el vino, aunque no sabía el resto.
Seguramente que el Loro Hablador ya debe haber salido del rubro “especies en peligro”. En ese proyecto se gastaron miles de pesos en viáticos imprecisos, rulemanes y remedios como el Migral. Uno podría llegar a pensar que, viendo esos gastos, el Loro Hablador está “diciendo” lo necesario como para poner a Picolotti en una “jaulita” pero esto, como veremos, no va a ser así.
En el Monitoreo de zorros aparece el pago de 4 mil pesos en autopartes y la compra de un reloj despertador.
El fiscal imputa a ambos funcionarios los delitos de malversación de fondos, violación de sus deberes de funcionarios públicos, defraudación y fraude en perjuicio de la administración pública. Pero quédese tranquilo porque esos delitos son todos excarcelables. (Si al fin y al cabo son solo 22 millones de pesos).
¿Por qué será que buenos vecinos se unen y realizan marchas en las que hasta se pide la pena de muerte para los pobres que roban, y hechos como los de estos funcionarios no logran que se junten dos ciudadanos para pedir se modifiquen las leyes para que los que no son pobres también puedan ir a la cárcel?
Recordemos que un ex presidente (riojano él) está involucrado hasta el entretejido en un contrabando de armas, hecho en el que, para borrar pruebas, ¡se hizo volar a una ciudad! (Río Tercero) matando a siete personas e hiriendo a cientos. Esto también es excarcelable en la Argentina. (para los que tienen poder)
¿La sociedad nunca se movilizará para hacer que los delitos que producen los funcionarios públicos en actividad no sean excarcelables como en muchos países serios y dejen, en cambio, de tener solo al racismo como norte?
No, la verdad que no. Nunca lo hará, Al menos en un futuro cercano. Si hay algo que logró el neoliberalismo en nuestro país fue el crear una cultura anti-Estado que hoy goza de muy buena salud. Los argentinos no sentimos que el Estado somos nosotros mismos, no sentimos que el Estado son nuestros impuestos, aportes que deben volver en servicios. Por ello es que asistimos impasibles a la corrupción que impera en la función pública. Creemos (o hacemos como) que estos funcionarios le roban al Estado y no a nosotros.
Esta triunfante prédica de lo anti-público se trasladó, incluso, a nuestra cultura. No sentimos que lo público sea nuestro, por eso una plaza o un bulevar son especiales para que muchos vecinos pongan las bolsas de basura que producen y quienes pasamos por esos lugares no agarremos esas bolsas y las volvamos a poner en cada una de las veredas de los domicilios correspondientes. Esto en cualquier país significa multa segura.
Pero me estoy yendo del tema. La corrupción pública no solo no debe ser excarcelable sino que debe ser condenada con las penas más severas. No se trata de un pobre que le roba a uno, se trata de tipos, muy educados ellos, que nos roban a todos y que, a través de las décadas, han logrado mantener suaves leyes para estos delitos. Y no es casual.
La dictadura militar fue, sin dudas, el puntapié inicial de esta calamidad. Su llegada en 1976 terminó con un período de crecimiento incesante del país iniciado en la década del 30. Se terminaron los premios Nóbel que nuestro país recibía por el conocimiento que aquí se generaba y ello dejó paso al mundo financiero.
Dos frases hechas por otros tantos tristemente célebres economistas pintan el mundo que se nos vino encima: “Es lo mismo producir acero que caramelos” de José Alfredo Martínez de Hoz y “Que vayan a lavar platos” (dirigida a Susana Torrado, profesional del Conicet) de Domingo Felipe Cavallo.
Entre los dos dejaron medio país en la pobreza y, lo que es peor, destruyeron un Estado que producía y nos introdujeron en el mundo de las finanzas. ¿Y los partidos políticos? ¿Y los dirigentes que se decían populares? Bien, gracias. El modo de neutralizarlos fue el de compartir los negocios. De ese modo aparecían nombres importantes de la política junto con generales y sindicalistas al frente de bancos y empresas privatizadas.
Se ve que la cosa funcionó bastante bien. Los políticos toleraron la dictadura sin presionarla, apareciendo cuando la crisis económica y la guerra de Malvinas apuraron el retiro de los uniformados del poder.
Pero a los políticos les quedó el gustito por los negocios y la posibilidad que éstos les brindaban para hacer diferencias que aseguraban el buen pasar por el resto de sus días. Recuérdese que, antes del Proceso, los políticos morían pobres en su inmensa mayoría.
Hoy, la política permite ganar mucho dinero. Prueba de ello son los partidos atomizados, partidos (valga la redundancia) en mil pedazos por sus dirigentes que quieren tener una partecita de algo con alguna sigla que les permita negociar alguna candidatura.
La función pública otorga también la posibilidad de participar en licitaciones casi nunca claras, no existe gobierno nacional, provincial o municipal que no tenga causas judiciales por manejos turbios (Picolotti y Juez no son la excepción sino la norma).
La pobreza es un inmenso negocio. Los planes alimentarios producen licitaciones en cantidades industriales, han originado la creación de una inmensa estructura con miles de empleados para repartir alimentos y bienes diversos. “Que no se acaben los pobres” debe ser, seguramente, lo que más desea hoy un dirigente político argentino.
Y el delito también es una fuente inacabable de oportunidades para "morder". De las licitaciones por compra de vehículos, armas uniformes y elementos viven las dirigencias políticas, policiales y judiciales.
No tengo idea de la cantidad de personas que viven del delito hoy en San Pedro y que le sacan canas verdes a los vecinos. Serán 50, 100... No creo que pasen de las 100. Roban ciclomotores, bicicletas, rompen vidrieras y asaltan con cuchillos o armas que alguien les provee. (La piratería del asfalto, el cuatrerismo, la usura, la remarcación de precios, la no entrega de facturas, la adulteración de fechas de vencimiento y los asaltos hechos por tipos de pelo cortito debemos dejarlos afuera porque, se lo aseguro, los pobres no son)
No tengo idea tampoco de lo que sumará, anualmente, lo que estas personas roban en San Pedro, pero sí tengo claro que debe ser un porcentaje mínimo comparado con lo que cuesta el mantenimiento de la estructura montada para, supuestamente, combatirlos (hasta ahora sin éxito alguno).
Sume los sueldos de decenas de policías, prefecturianos, gendarmes, inspectores municipales, empleados judiciales, el mantenimiento de la infraestructura edilicia, cantidades de patrulleros, motos, lanchas, armamento, equipos de comunicaciones y el combustible.
Los chorros sampedrinos están con una desventaja de tres o cuatro a uno en número y sin ninguna parafernalia. No poseen más que su habilidad para robar, y algún cuchillo o revólver. Sin embargo se las arreglan para seguir robando y saliendo libres en forma permanente, brindando una derrota tras otra a las fuerzas del bien.
No resultaría más económico que el municipio, Centro de Comercio o quien fuere les consiga un trabajo a las personas que delinquen. Siempre será más lo que cobren que lo que roban, por ende, (solo supongo) no querrán perder el trabajo.
Por último, ¿cuánto tiempo les llevaría a los chorros sampedrinos robar la suma que Picolotti ha hecho desaparecer?
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